Boletin N° 11.446-04 y comentario de FIDE

 

Comentarios Sobre El Proyecto De Ley Que Aumenta El Plazo Para Cumplir Con El Traspaso De La Calidad De Sostenedor
Comentarios Sobre El Proyecto De Ley Que Aumenta El Plazo Para Cumplir Con El Traspaso De La Calidad De Sostenedor

Comentarios sobre el proyecto de ley que aumenta el plazo para cumplir con el traspaso de la calidad de sostenedor.pdf

91.6 KiB
8 Downloads
Details

Boletín Nº 11.446-04

 

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Araya, Montes, Walker (don Ignacio) y Zaldívar, que modifica el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, para postergar por un año la obligación de los sostenedores particulares que no estén organizados como persona jurídica, de cambiar la naturaleza de la misma.

 

Considerando:

 

El 8 de junio de 2015 fue publicada la ley N° 20.845, llamada “de inclusión”, que estableció el fin del lucro, la selección y el financiamiento compartido.

 

Para hacer efectiva la prohibición del lucro en la educación financiada a través de aportes estatales, esta ley estableció una serie de obligaciones y prohibiciones para los sostenedores de establecimientos subvencionados, tales como la obligación de constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro; la limitación del uso de todos los recursos del establecimiento a un listado de fines educativos definidos en la ley; la obligación de ser dueño del inmueble en que funciona el establecimiento educacional respectivo; y el aumento de las exigencias administrativas relacionadas a la rendición de cuentas y a la entrega de información.

 

A su vez, se estableció un período de transición para que los sostenedores pudieran ajustarse a las nuevas exigencias, el cual hasta este momento ha tenido severas dificultades prácticas.

 

Tales dificultades tienen que ver principalmente con los siguientes aspectos:

 

1.- La ley ordenó a los sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados constituidos como sociedades de giro único, el transferir la calidad de sostenedor a una persona jurídica sin fines de lucro. El plazo establecido para ello vence el 31 de diciembre del presente año y la consecuencia de no cumplir con esta obligación significa que el establecimiento educacional deja de percibir la subvención del Estado quedando sólo la posibilidad de que éstos pasen a ser particulares pagados o bien dejen de funcionar.

 

La información disponible a la fecha muestra que tal plazo no se cumplirá, generándose un gravísimo problema para miles de estudiantes y sus familias. Del total de establecimientos educacionales que debían realizar el trámite, a la fecha solo lo han completado 726, es decir, apenas un 12,4% del universo total de establecimientos particulares subvencionados.

 

2.- La ley de inclusión estableció la obligación para los sostenedores de ser propietarios de los inmuebles en que funcionan los colegios. Sin embargo, a la fecha no existe certeza de cómo funcionaría el complejo sistema de créditos bancarios indispensable para realizar las operaciones inmobiliarias, incluyendo la indeterminación de los valores que se le asignarían a los inmuebles.

 

3.- La ley, pese a la modificación que se le introdujo hace solo seis meses, mediante la llamada ley miscelánea (ley N° 20.993), consagra un complejo sistema de arrendamiento de inmuebles, en el período previo a aquel en que los sostenedores deben adquirir los mismos, que es urgente simplificar a la brevedad.

 

El conjunto de situaciones descritas y de incertidumbres no despejadas, está llevando a un número creciente de colegios a optar por transformarse en particulares pagados.

 

En razón de lo anterior, resulta imperiosos postergar en al menos en un año la obligación para los colegios de cambiar su naturaleza jurídica. En dicho plazo además es necesario que se constituya una Comisión de trabajo transversal y técnica, de alto nivel, que incluya tanto a autoridades como a expertos educacionales, junto a los actores sociales involucrados, para efectos de que se revisen las situaciones precedentemente expuestas y puedan dar una solución a tantas familias que hoy se encuentran en la total incertidumbre.

 

La Comisión antes reseñada – similar a la propuesta por el Gobierno para la transición del proyecto de Nueva Educación Pública – debiera poder concluir su trabajo antes del 31 de Diciembre del presente año 2017, a fin de que sea la actual administración la que proponga los ajustes necesarios a la legislación.

 

Por lo anterior es que los senadores firmantes vienen en presentar el siguiente proyecto de ley:

 

Artículo Único.- Reemplázase en el inciso primero del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, la expresión “Hasta el 31 de diciembre de 2017″ por “Hasta el 31 de diciembre de 2018″.